Three years after setting the machinery in motion, Nayib Bukele has consummated a fraud. He had to stage a coup against the Supreme Court of Justice, place his own prosecutor and judges, get both the Assembly and the Court to validate an unconstitutional re-election, have the Supreme Electoral justices face prison sentences if they opposed his candidacy, open a vote abroad without major controls, and illegally suffocate the opposition.

In the final stretch towards the polls, Bukele, his vice-presidential candidate, congressional and mayoral candidates of Nuevas Ideas, have used state funds for their campaign. From distributing food packages to using state facilities and institutional communication channels for the government party’s benefit. He illegally denied political debt payment to the opposition and warned businessmen not to support any other party.

He didn’t need to do almost any of this. His popularity is so high, and the opposition is so scarce in resources and credibility, that no one doubted that his candidacy, as unconstitutional as it was, would win the majority vote. Nevertheless, he activated all the fraud mechanisms because that is the nature of the Bukele clan. They do not concede a single space for another political expression other than theirs, even if it meant violating the Constitution, the laws, and the electoral law. After all, their control of the entire state apparatus guarantees them impunity.

Three journalistic investigations published in the last week (which prove the government’s negotiations with organized crime; the corruption detected by the now-defunct Cicíes; and the distribution of loans from a state bank among deputies and officials of this government) fully account for the negligence of the attorney general of the Republic and confirms his arrival to that position to protect mafiosos, corrupt individuals, and thieves in the Salvadoran public service and to persecute those who represent an obstacle to the concentration of power and impunity of the Bukele clan. We are already in the scenario of a single party serving a dictatorship.

Technically, El Salvador will enter a dictatorship as of June 1, 2024, when Bukele assumes a second term that is unconstitutional, and when there is no longer any institution to prevent him from doing so. In practice, the necessary elements to establish his dictatorship were put in place on May 1, 2021, when his Assembly staged a coup against the judiciary, and Bukele took control of the entire state apparatus.

Salvadorans have lost our constitutional rights. First, through emergency decrees due to the pandemic, and then with the states of emergency that ended any semblance of the rule of law. We cannot overlook the fact that we have had elections under a state of emergency.

The brief, very brief democratic era in Salvadoran history is now over. Nayib Bukele has inscribed his name in one of the worst Central American political traditions: that of the dictator.

But it is necessary to consider the fact that despite the authoritarianism, repression, and corruption of his government, Bukele enjoys the highest popularity for a head of state in Latin America, and the vast majority of Salvadorans want to see him in power for more years. His discourse fighting gangs, and the dismantling of their structures, has had an impact and has transformed the lives of many citizens who lived in terror under gang control. So much so that Salvadorans no longer consider security as their primary concern.

This popularity will not last forever. Especially now that, according to opinion polls, Salvadorans’ main concern is the economy, which this government has left in worse condition.

The coming years only promise to intensify the concentration of power, the personal and patrimonial use of the State, opacity, repression, and punishment. But this has also happened before in our history, although national memory has marginalized democratic heroes. And democracies require democrats, an increasingly scarce commodity in the country. Only a democratic system guarantees equal rights for all, justice, and limits on the exercise of power.

Democratic-minded citizens, those still capable of outrage at the criminal plunder of the state or the thousands of innocent prisoners and tortured in bukelismo jails, must find a way to channel those vocations, that outrage, and that thirst for justice. And to awaken the conscience of others. We are heading towards a dictatorship. We are called to resist.

El Faro: https://elfaro.net/es/202402/columnas/27234/bukele-consuma-un-fraude-para-instalar-una-dictadura

Bukele consuma un fraude para instalar una dictadura

Tres años después de haber puesto en marcha la maquinaria, Nayib Bukele ha consumado un fraude. Tuvo que dar un golpe de estado a la Corte Suprema de Justicia, colocar a su propio fiscal y a sus magistrados, conseguir que tanto la Asamblea como la Corte validaran una reelección inconstitucional, que los magistrados del Supremo Electoral enfrentaran penas de prisión si se oponían a su candidatura, abrir un voto en el exterior sin mayores controles y asfixiar ilegalmente a la oposición. 

En la recta final hacia las urnas, Bukele, su candidato a la vicepresidencia, candidatos a diputados y alcaldes de Nuevas Ideas han utilizado fondos estatales para hacer campaña. Desde la distribución de paquetes alimenticios hasta utilización de instalaciones estatales y canales de comunicación institucionales al servicio del partido de gobierno. Negó ilegalmente el pago de la deuda política a la oposición y advirtió a empresarios de no apoyar a otro partido. 

No era necesario que hiciera casi nada de esto último. Su popularidad es tan alta, y la oposición está tan escasa de recursos como de credibilidad, que nadie dudaba de que su candidatura, por inconstitucional que fuera, ganaría el voto mayoritario. Aún así activó todos los mecanismos del fraude, porque esa es la naturaleza del clan Bukele. No conceder ni un solo espacio para otra expresión política que no sea la suya, aunque para ello tuvieran que violar la Constitución, las leyes y la ley electoral. Al fin y al cabo su control de todo el aparato de estado les garantiza impunidad. 

Tres investigaciones periodísticas publicadas en la última semana (que prueban las negociaciones del gobierno con el crimen organizado; la corrupción detectada por la extinta Cicíes; y la repartición de créditos de un banco estatal entre diputados y funcionarios de este gobierno) dan cuenta cabal de la negligencia del fiscal general de la República, y confirma su llegada a ese puesto para proteger a mafiosos, corruptos y ladrones en el servicio público salvadoreño y perseguir a quienes representen un obstáculo para la concentración del poder y la impunidad del clan Bukele. Estamos ya en el escenario de un partido único al servicio de una dictadura.

Técnicamente, El Salvador entrará en una dictadura a partir del 1 de junio de 2024, cuando Bukele asuma un segundo mandato que es inconstitucional y cuando ya no queda ninguna institución que le impida hacerlo. En la práctica, los elementos necesarios para constituir su dictadura fueron colocados el 1 de mayo de 2021, cuando su Asamblea dio un golpe de Estado al poder judicial y Bukele se hizo con el control de todo el aparato del Estado.

Los salvadoreños hemos perdido nuestros derechos constitucionales. Primero mediante los decretos de emergencia por la pandemia y después con los regímenes de excepción que terminaron con toda apariencia de estado de derecho. No podemos pasar por alto el hecho de que hemos tenido elecciones bajo un régimen de excepción. 

La breve, muy breve era democrática en la historia salvadoreña ha terminado ya. Nayib Bukele ha inscrito su nombre en una de las peores tradiciones políticas centroamericanas: la del dictador.  

Pero es necesario ponderar el hecho de que, a pesar del autoritarismo, la represión y la corrupción de su gobierno, Bukele goza de la más alta popularidad para un jefe de Estado en América Latina y la gran mayoría de salvadoreños le quiere ver más años en el poder. Su discurso de combate a las pandillas, y la desarticulación de sus estructuras, han surtido efecto y han transformado las vidas de muchos ciudadanos que vivían aterrorizados bajo el control de las maras. Y tanto que los salvadoreños ya no consideran la seguridad como su principal preocupación.

Esta popularidad no durará para siempre. Sobre todo porque ahora, según las encuestas de opinión, la principal preocupación de los salvadoreños es la economía, que este gobierno ha dejado en peores condiciones.

Los años que vienen solo prometen intensificar la concentración de poder, la utilización patrimonial y personal del Estado, opacidad, represión y castigo. Pero esto también ha pasado antes en nuestra historia, aunque la memoria nacional haya marginado a los héroes demócratas.  Y las democracias requieren de demócratas, un bien cada vez más escaso en el país. Solo un sistema democrático garantiza igualdad de derechos para todos, justicia y límites al ejercicio del poder. 

Los ciudadanos con vocación democrática, los que aún son capaces de indignarse ante el saqueo criminal del estado o ante los miles de inocentes presos y torturados en las cárceles del bukelismo, deberán encontrar la manera de encauzar esas vocaciones, esa indignación y esa sed de justicia. Y de despertar las conciencias de los demás. Se nos viene una dictadura. Estamos llamados a resistir.  

El Faro: https://elfaro.net/es/202402/columnas/27234/bukele-consuma-un-fraude-para-instalar-una-dictadura