El Salvador and the international community are right where Venezuela started 25 years ago. Hugo Chávez attracted attention and even sympathy with his presidential triumph in 1998. The following year, he pushed for three elections with the rhetoric of “re-legitimizing” public powers, which he personally took control of after the general election of 2000. The majority of votes in favor of Chávez’s project in all those elections, framed in millionaire propaganda with fierce attacks against opponents, concealed the backdrop: the low electoral participation that averaged 40% (one was only 30% and only one reached 56%).
Chávez assured journalist Jorge Ramos that he would go home after five years of government, not staying a day longer. He did the opposite, paving the way for his perpetual re-election. Anti-corruption rhetoric turned into mafia and criminal alliances that proceeded to plunder the wealth of the Venezuelan people, which today amounts to more than 8 million refugees abroad fleeing from precariousness and human rights abuses being investigated by the International Criminal Court as Crimes Against Humanity.
The people who stayed away from the polls never believed in Chávez, but the democratic world did. While Chávez intervened in public institutions (dissolving the independence of judges and prosecutors), and specifically in the electoral sphere, affecting government advantage and equality and freedom of choice for voters and those who ran for public office, observation missions (OAS, EU, etc.) did not question the legitimacy of elections, only expressing certain concerns and recommendations until Chávez began limiting missions, especially after his first re-election in 2006 under the new Bolivarian Republic. Not naming things for what they are has had terrible consequences for Venezuela, Latin America, and the world. Faced with his second re-election, Chávez said he had thought of retiring in 2021, but it would be better to do so in 2031. He would still be in power, but death took him in 2013.
Candidate and President Bukele said he respected the alternation of power enshrined in the Constitution. His vice-president acknowledged that violating that principle gave the people the right to insurrection. They broke their word, allying with Chávez: they dismissed the attorney general and the Supreme Court justices so that the replacements could invent, outside the law, a re-election endorsement. A few days ago, the vice-president said that if Bukele were re-elected, they could talk about a “third term.” The script is essentially the same, and in the absence of Chávez, there is Daniel Ortega, who calls Bukele “brother.”
El Salvador does not have Venezuela’s oil; that is why the legal insecurity of re-election, the imposition of bitcoin as legal currency, and the evidence of corruption after beheading accountability and transparency, generated an economic debacle early on that began with Chávez after squandering the income from the oil bonanza: between 1999 and 2014, Venezuela received an annual average of US$56 billion.
Bukele will not be able to stop the economic crisis even if he gets his hands on more savings from pension funds. They dismantled agriculture, and since 2019, they have neither presented nor executed a single plan for economic growth and attracting investments. Thus, El Salvador reached 2024 with more than a million inhabitants between hunger and food insecurity.
The transgression of our Constitution was going to lead to the fraud of the electoral process, although some democratic actors are not decided to call it that, giving rise to the replication of the error with Chávez 25 years ago. But for two influential Senators in Washington D.C. – the chairman of the foreign affairs committee and the leader of the Democratic majority – there is no doubt: “We are concerned about the unconstitutional measures that strongly influenced the outcome of the February 4 elections in El Salvador,” results that are low voter turnout, and confirmation of abominable irregularities in voting centers, data transmission, and voting abroad.
25 años. De Venezuela a El Salvador
El Salvador y la comunidad internacional están justo donde Venezuela arrancó hace 25 años. Hugo Chávez atrajo la atención y hasta la simpatía con su triunfo presidencial en 1998. El siguiente año empujó tres elecciones con la retórica de “relegitimar” los poderes públicos los cuales pasó personalmente a controlar tras la elección general del 2000. La mayoría de los votos a favor del proyecto de Chávez en todos esos comicios encuadrado en una millonaria propaganda con feroces ataques contra opositores ocultó el telón de fondo: la escasa participación electoral que tuvo un promedio del 40% (uno fue de apenas el 30% y sólo uno alcanzó el 56%).
Chávez le aseguró al periodista Jorge Ramos que se iría a su casa después de los cinco años de gobierno, que no se quedaría ni un día más. Hizo lo contrario pues pavimentó su reelección perpetua. La retórica anticorrupción se transformó en alianzas mafiosas y criminales que procedieron al saqueo de la riqueza del pueblo venezolano que contabiliza hoy en más de 8 millones a sus refugiados en el exterior que huyen de la precariedad, y los abusos a los derechos humanos que investiga la Corte Penal Internacional como Crímenes de Lesa Humanidad.
El pueblo que se ausentó de las urnas nunca creyó en Chávez a quien sí le creyó el mundo democrático. Mientras Chávez intervenía las instituciones públicas (disolviendo la independencia de jueces y fiscales), y específicamente la esfera electoral afectando con el ventajismo gubernamental la igualdad y la libertad de decisión para electores y para quienes se postularon a cargos de elección popular, las misiones de observación (OEA, UE, etc.) no cuestionaron la legitimidad de las elecciones, sólo expresaron ciertas preocupaciones y recomendaciones hasta que Chávez fue limitando a las misiones sobre todo después de su primera reelección el 2006 bajo la nueva República Bolivariana. No llamar entonces a las cosas por su nombre ha tenido terribles consecuencias para Venezuela, América Latina y el mundo. Ante su segunda reelección dijo Chávez que había pensado retirarse el 2021 pero que mejor lo haría el 2031. Allí seguiría en el poder, pero la muerte se lo llevó el 2013.
El candidato y presidente Bukele dijo que respetaba la alternancia en el poder consagrada en la Constitución. Su vicepresidente reconoció que violar ese principio daba al pueblo el derecho a la insurrección. Incumplieron su palabra aparejándose con Chávez: destituyeron al fiscal general y a los magistrados de la CSJ para que los reemplazantes se inventaran, fuera de la ley, un aval de reelección. Hace pocos días, el vicepresidente dijo que si Bukele fuera reelecto podrían hablar de un “tercer mandato”. El guion es en esencia el mismo, y a falta de Chávez quedó Daniel Ortega, quien llama “hermano” a Bukele.
El Salvador no tiene el petróleo de Venezuela, por eso la inseguridad jurídica de la reelección, la imposición del bitcoin como moneda legal y las evidencias de corrupción tras decapitar la rendición de cuentas y la transparencia, generaron temprano la debacle económica que con Chávez comenzó tras despilfarrar los ingresos por la bonanza petrolera: entre 1999 y 2014, Venezuela recibió un promedio anual de US$ 56 mil millones.
La crisis económica no la podrá detener Bukele ni metiéndole más mano a los ahorros en los fondos de pensiones. Desmantelaron la agricultura, no presentaron ni ejecutaron desde el 2019 un solo plan de crecimiento económico y atracción de inversiones. Así, llegó El Salvador al 2024 con más de un millón de habitantes entre el hambre y la inseguridad alimentaria.
La transgresión de nuestra Constitución iba a desembocar en el fraude del proceso electoral, aunque algunos actores democráticos no se deciden en llamarlos así dando lugar a replicar el error con Chávez de hace 25 años. Pero para dos influyentes Senadores en Washington D.C. -el presidente del comité de asuntos exteriores y el líder de la mayoría demócrata-no hay duda: “Nos preocupan las medidas inconstitucionales que influyeron fuertemente en el resultado de las elecciones” del 4 de febrero en El Salvador, resultados que son una baja asistencia de votantes, y la confirmación de irregularidades abominables en los centros de votación, la transmisión de datos y el voto en el exterior.