As part of the agreement with the government of El Salvador, the IMF Executive Board revealed on Wednesday the report on Salvadoran finances that it was unable to publish in 2023, because Nayib Bukele’s administration did not grant authorization to do so at that time.
The Article IV consultation with El Salvador—how the Fund refers to the analysis it conducts on member countries—pointed to growing vulnerabilities, a fragile economic outlook, and the urgent need for a comprehensive plan to address macroeconomic imbalances and the unsustainability of public debt.
In 2023 was the first time the government denied the IMF authorization to publish the report that a technical team had produced after analyzing El Salvador’s finances.
“The authorities have not given their consent for the publication of the staff report and the related press release,” stated the Fund at the time, and it kept this notice on its website until this Wednesday, when it released the document’s contents.
The IMF’s technical staff had the report ready since March 20, 2023, following discussions with Salvadoran authorities on February 9 of that year about the country’s economic developments and policies.
In that analysis, the IMF noted that despite 2.8% growth in 2022, international reserves declined to less than two months’ worth of imports and, while the fiscal deficit fell to 2.5% of the Producto Interno Bruto (PIB) (Gross Domestic Product, GDP) due to limited financing options, fiscal policy was expected to expand in 2023.
It also pointed out that annual inflation rose to 7.25%, driven mainly by high global food prices, although fuel price inflation was moderated by substantial subsidies.
At that time, the IMF again concluded that public debt was on an “unsustainable trajectory.”
For 2023, the Fund expected the economy to grow 2.4% (it grew 3.5%), owing to a fragile outlook amid macroeconomic imbalances and a less favorable international environment.
In this context, the IMF Executive Board urged Salvadoran authorities to adopt a comprehensive and credible plan to put public debt on a firmly downward path and to strengthen macroeconomic and financial stability, alongside structural reforms to support stronger, more inclusive growth.
IMF directors highlighted the urgent need for an ambitious fiscal consolidation plan, based on increased revenue mobilization and spending efficiency, including better targeting of energy subsidies and social security programs, as well as optimizing the wage bill.
They also stressed the importance of restoring the Ley de Responsabilidad Fiscal (Fiscal Responsibility Law) to enhance transparency and credibility in fiscal policy and ensuring the sustainability of the pension system to limit contingent liabilities.
Regarding the financial sector, the IMF indicated that the banking system remained healthy but warned of the growing exposure to the government and the erosion of liquidity buffers, i.e., the reserve funds banks must keep at the Banco Central de Reserva (BCR) (Central Reserve Bank).
In that regard, it recommended raising banks’ reserve requirements, swiftly passing the Financial Stability Bill, closing regulatory gaps, and continuing to implement the recommendations of the 2020 Safeguards Assessment.
The Risk of Bitcoin
A central point of discussion at that time was the adoption of Bitcoin as legal tender. The IMF Executive Board emphasized the importance of narrowing the scope of the Bitcoin Law and removing its status as legal tender. While it acknowledged that Bitcoin has had a minimal impact on financial inclusion, it noted persistent high risks to financial integrity and stability, fiscal sustainability, and consumer protection.
For this reason, it urged, as of that date, that Bitcoin transactions be disclosed transparently, along with the financial statements of the state-owned companies operating in the Bitcoin ecosystem. It also called on the authorities to carefully evaluate the implications of the new cryptoassets legislation and to avoid further government exposure to Bitcoin.
Finally, the IMF underlined the importance of structural reforms to strengthen governance, the investment climate, and productivity. This included continued efforts to bolster fiscal transparency, public procurement processes, anti–money laundering and counterterrorism financing legislation, and the independence of the judicial system.
It also highlighted the need to improve human capital, infrastructure, and climate resilience, as well as to further upgrade statistical frameworks.
In short, everything the Fund warned the government about in its 2023 report is what the Bukele administration ultimately acknowledged was squeezing public finances; this circumstance led to accepting the conditions set by the organization to secure US$1.4 billion in financing, an agreement that was made official on February 26, 2025.
FMI publica el informe sobre finanzas del país que el gobierno le prohibió en 2023
Como parte del acuerdo con el gobierno de El Salvador, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló este miércoles el informe sobre las finanzas salvadoreñas que no pudo publicar en 2023, porque no tuvo la autorización de la administración de Nayib Bukele para hacerlo en aquel momento.
La consulta del Artículo IV con El Salvador, como se le conoce al análisis que hace el Fondo a los países socios, advirtió sobre vulnerabilidades crecientes, una perspectiva económica frágil y la necesidad urgente de un plan integral para abordar los desequilibrios macroeconómicos y la insostenibilidad de la deuda pública.
En 2023 fue la primera vez que el gobierno negó la autorización al FMI para publicar el informe que un equipo técnico realizó tras analizar las finanzas salvadoreñas.
“Las autoridades no han dado su consentimiento para la publicación del informe del personal y el comunicado de prensa relacionado”, decía el comunicado que emitió el organismo en ese entonces y que lo mantuvo colgado en su sitio web hasta este miércoles que publicó el contenido de ese documento.
El personal técnico del Fondo tenía preparado su informe desde el 20 de marzo de 2023, tras las conversaciones que tuvo con autoridades salvadoreñas el 9 de febrero de ese año sobre la evolución y las políticas económicas del país.
En ese análisis, el FMI señaló que a pesar del crecimiento del 2.8% en 2022, las reservas internacionales disminuyeron a menos de 2 meses de importaciones y, si bien el déficit fiscal se redujo al 2.5 % del (Producto Interno Bruto (PIB) debido a opciones de financiamiento limitadas, se esperaba que la política fiscal se expandiera en 2023.
También indicó que la inflación anual se elevó al 7.25%, impulsada principalmente por los altos precios mundiales de los alimentos, aunque la inflación de los precios del combustible se moderó mediante grandes subsidios.
En aquel momento, el FMI concluyó nuevamente que la deuda pública seguía en una “trayectoria insostenible”.
Para 2023, el Fondo esperaba que la economía creciera un 2.4 % (creció 3.5%), debido a que la perspectiva era frágil ante los desequilibrios macroeconómicos y un entorno internacional menos favorable.
En este contexto, el Directorio Ejecutivo del FMI instó a las autoridades salvadoreñas a adoptar un plan integral y creíble para poner la deuda pública en una senda firmemente descendente y fortalecer la estabilidad macroeconómica y financiera, junto con reformas estructurales para respaldar un crecimiento más fuerte e inclusivo.
Los directores del FMI destacaron la necesidad urgente de un plan ambicioso de consolidación fiscal, basado en una mayor movilización de ingresos y eficiencia del gasto, incluyendo una mejor focalización de los subsidios energéticos y los programas de seguridad social, así como la optimización de la masa salarial.
También enfatizaron la importancia de restaurar la Ley de Responsabilidad Fiscal para mejorar la transparencia y credibilidad de la política fiscal y de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones para limitar las responsabilidades contingentes.
En cuanto al sector financiero, el FMI indicó que el sistema bancario se mantenía saludable, pero advirtió sobre la creciente exposición al gobierno y la erosión de los colchones de liquidez, es decir de las reservas de fondos que deben tener la banca en el Banco Central de Reserva (BCR).
En ese sentido, recomendaron aumentar los requisitos de reserva de los bancos, promulgar rápidamente el Proyecto de Ley de Estabilidad Financiera, cerrar las brechas regulatorias y continuar implementando las recomendaciones de la Evaluación de Salvaguardias de 2020.
El riesgo del Bitcoin
Un punto central de la discusión en ese momento fue la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. El Directorio Ejecutivo del FMI subrayó la importancia de reducir el alcance de la Ley Bitcoin y eliminar su estatus de moneda de curso legal. Si bien reconocieron que Bitcoin ha tenido un impacto mínimo en la inclusión financiera, señalaron que persisten altos riesgos para la integridad y estabilidad financieras, la sostenibilidad fiscal y la protección del consumidor.
Por ello, instaron desde aquella fecha a que las transacciones de Bitcoin se divulgaran de manera transparente, junto con los estados financieros de las empresas públicas que operan en el ecosistema Bitcoin. También pidieron a las autoridades evaluaran cuidadosamente las implicaciones de la nueva legislación sobre criptoactivos y evitaran una mayor exposición del gobierno al Bitcoin.
Finalmente, el FMI enfatizó la importancia de las reformas estructurales para fortalecer la gobernanza, el clima de inversión y la productividad. Eso incluía esfuerzos continuos para fortalecer la transparencia fiscal, la contratación pública, una legislación contra el lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo, así como la independencia del sistema judicial.
También destacaron la necesidad de mejorar el capital humano, la infraestructura y la resiliencia climática, así como continuar mejorando el marco estadístico.
En resumen, todo lo que el Fondo le advirtió al gobierno en su informe de 2023 es lo que finalmente admitió la administración Bukele que apretaba las finanzas salvadoreñas y es lo que llevó a aceptar las condiciones del organismo para que le facilitara financiamiento por $1,400 millones, cuyo acuerdo fue oficializado el pasado 26 de febrero de 2025.