“If you don’t leave (the United States), we will hunt you down, arrest you, and you could end up in this prison in El Salvador,” warned Kristi Noem, the U.S. Secretary of Homeland Security, after her visit to the Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) (Terrorism Confinement Center).
She continued her address, reaffirming the warning: “President Trump and I have a clear message for criminal illegal immigrants: LEAVE NOW.”
A few days earlier, Noem had posted on her X account that she would travel to El Salvador to see firsthand “(the CECOT) where the worst criminals are held,” which currently also houses 238 Venezuelans deported—without due process—by the Donald Trump administration, accused of belonging to the Tren de Aragua.
The U.S. secretary arrived in El Salvador on a private flight at 12:17 p.m. yesterday, her first stop on a three-day tour that also includes Colombia and Mexico.
Her visit to the Terrorism Confinement Center was accompanied by extensive security and by Gustavo Villatoro, El Salvador’s Minister of Justice and Public Security.
Inside, according to someone who witnessed the visit, they went through cell number seven, where Villatoro remarked that the Venezuelan deportees who entered the mega-prison on March 16 are being held. In that setting, the minister also pointed out one individual with a star tattoo, allegedly linked to the Tren de Aragua.
However, the ongoing case in the U.S. Federal Court for the District of Columbia—which halted the deportation of Venezuelans to El Salvador—argues that tattoos alone are not enough to criminalize someone.
They then proceeded to cell number eight, where the Salvadoran official explained that one of the detainees had been sentenced to 465 years in prison and that no one expected any of the inmates to be reintegrated into society.
The U.S. court is examining whether the Donald Trump administration violated the judicial order to suspend the transfer of Venezuelans under the Alien Enemies Act, an 18th-century law that allows non-citizens to be deported without the opportunity to appear before an immigration or federal judge.
Those flights had already begun on March 15, when the judge temporarily banned deportations and ordered the planes to return to the United States with the deportees—something that never happened.
Nevertheless, Noem’s visit also aimed to discuss increasing the number of flights to El Salvador carrying deported migrants, as she confirmed on her X account before arriving in the country.
After her visit to the Terrorism Confinement Center, Noem held a meeting with Nayib Bukele, during which she thanked the government for receiving the flights of deported Venezuelans and housing them in the prison.
The U.S. Embassy in El Salvador posted on its X account that, during this meeting, Secretary Noem thanked the president “for his cooperation in fighting illegal migration.”
She concluded her visit by renewing a cooperation agreement for the Security Alliance for Fugitive Enforcement, through which both countries share criminal records of fugitives.
Tricia McLaughlin, the deputy assistant secretary for public affairs at the U.S. Department of Homeland Security, also noted prior to Noem’s arrival in El Salvador that they would discuss how the CBP Home app could be used for safe self-deportations.
The Deportations
The deportation of 238 Venezuelans, whom the U.S. government accuses of belonging to the Tren de Aragua—as part of the anti-immigrant agreement that the Trump administration reached with Bukele, valid for one year and renewable—sparked warnings of potential human rights violations, since they were deported without due process and risk being detained in a country with a state of exception in effect, like El Salvador.
Juanita Goebertus, the Americas director at Human Rights Watch (HRW), argued that the recent deportation of Venezuelans to El Salvador was illegal for disregarding a judge’s order. “I believe we may be on the verge of a constitutional crisis in the United States,” she stated.
Another international organization that has supported these criticisms is Amnistía Internacional (Amnesty International), warning that the lives of the deported Venezuelans are at risk because of prison conditions under the state of exception.
Amnesty International pointed out that it is alarming to see the normalization, both nationally and internationally, of due process violations in El Salvador, stating these should be condemned rather than emulated by other governments, such as the United States.
U.S. District Judge James Boasberg of the District of Columbia is also examining whether the deported Venezuelans risk torture and mistreatment, according to a public opinion by the U.S. District Court for the District of Columbia.
Secretaria de Seguridad Nacional de EUA amenaza con el CECOT a inmigrantes
“Si tú no te vas (de Estados Unidos), nosotros te cazaremos, arrestaremos, y podrías terminar en esta prisión de El Salvador”, advirtió la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, tras su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Continuó su discurso y reafirmó la advertencia: “El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para los inmigrantes ilegales criminales: VÁYANSE AHORA”.
Noem publicó, días atrás en su cuenta de X, que viajaría a El Salvador para conocer de primera mano “(el CECOT) donde se aloja a los peores criminales”, que actualmente también alberga a 238 venezolanos deportados, sin el debido proceso, por el gobierno de Donald Trump acusados de pertenecer al Tren de Aragua.
La secretaria estadounidense llegó en un vuelo privado a las 12:17 del mediodía de ayer a El Salvador, su primera parada en un recorrido de tres días que también incluye a Colombia y México.
Su visita al CECOT estuvo acompañado de un amplio dispositivo de seguridad y del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Adentro , según relató una persona que presenció la visita, recorrieron la celda siete, donde Villatoro le comentó que en ese lugar estaban resguardados los deportados venezolanos, que ingresaron a la megacárcel el 16 de marzo pasado. En esa escena, el ministro también le señaló que uno de ellos tenía el tatuaje de una estrella, que se supone está vinculado al Tren de Aragua.
Sin embargo, el proceso abierto en la Corte Federal del Distrito de Columbia en Estados Unidos, que frenó la deportación de venezolanos a El Salvador, sostiene que no bastan los tatuajes para criminalizar a una persona.
Luego, pasaron a la celda ocho, donde el funcionario salvadoreño explicó que uno de los detenidos estaba condenado a 465 años de cárcel, y que nadie esperaba que ninguno de los prisioneros se reinsertaran a la sociedad.
La corte estadounidense estudia si la administración de Donald Trump violó la orden judicial de suspender el traslado de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que data del siglo XVIII, y que permite que los no ciudadanos sean deportados sin la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o federal.
Los vuelos ya habían iniciado el 15 de marzo cuando el juez acordó prohibir temporalmente las deportaciones y ordenó que los aviones regresaran a Estados Unidos con los deportados, pero no ocurrió.
Pese a ello, la visita de Noem también buscaba discutir la posibilidad de aumentar la cantidad de vuelos a El Salvador con migrantes deportados, como ella misma lo confirmó previo a su llegada a El Salvador en su cuenta de X.
Tras su visita al CECOT, Noem sostuvo una reunión con Nayib Bukele en la que agradeció la colaboración del gobierno para recibir los vuelos de los deportados venezolanos y albergarlos en la cárcel.
La embajada de Estados Unidos en El Salvador publicó en su cuenta de X que durante ese encuentro, la secretaria Noem agradeció al mandatario “su cooperación con la lucha contra la migración ilegal”.
Concluyó su visita con la renovación de un convenio de cooperación para la Alianza de Seguridad para la Ejecución de Fugitivos, con el que ambos países comparten antecedentes penales de los fugitivos.
La secretaria adjunta de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional de Estado de Estados Unidos, Tricia McLaughlin, también detalló previo a la llegada de Noem a El Salvador, que abordaría la aplicación CBP Home sobre cómo se puede utilizar para autodeportaciones seguras.
Las deportaciones
La deportación de 238 venezolanos a quienes el gobierno estadounidense acusa de pertenecer al Tren de Aragua, como parte del acuerdo contra inmigrantes que la administración de Trump alcanzó con Bukele con vigencia de un año y que puede ser prorrogable, desató las advertencias sobre posibles violaciones a los derechos de estas personas, al ser deportados sin el debido proceso, y el riesgo que se mantengan en prisión en un país con un estado de excepción vigente como El Salvador.
La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, expuso que la reciente deportación de venezolanos a El Salvador fue ilegal tras desacatar la orden de un juez. “Creo que podemos estar al borde de una crisis constitucional en Estados Unidos”, sentenció.
Otro de los organismos internacionales que han respaldado las críticas fue Amnistía Internacional advirtiendo que la vida de los venezolanos deportados corre peligro con el régimen de excepción, por las condiciones carcelarias.
Amnistía señaló preocupante que se normalice a nivel nacional como internacional las vulneraciones al debido proceso que ocurren en El Salvador y señala que estas deberían estar siendo condenadas y no imitadas por otros gobiernos como el de los Estados Unidos.
El el juez federal del Distrito de Columbia, James Boasberg, también analiza el riesgo de que los venezolanos deportados sufran torturas y malos tratos, según lo consigna una opinión pública de la Corte del Distrito de Columbia, de Estados Unidos.